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La actualización del precio del alquiler en España continúa dependiendo del artículo 18 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que permite revisar anualmente la renta si así se pacta en el contrato. Aunque por defecto debería aplicarse el Índice de Garantía de la Competitividad (IGC), el índice más utilizado sigue siendo el IPC. Este indicador, calculado por el INE a partir de la evolución de los precios de la cesta de la compra, refleja la variación del coste de la vida y determina en muchos contratos cuánto puede subir la renta anual del alquiler.

Durante 2022 y 2023, el Gobierno limitó la subida máxima del alquiler al 2%, y en 2024 el tope fue del 3%, aplicando el valor del IPC únicamente si era inferior a ese límite. En 2025 ya no existe ese tope para contratos anteriores a la Ley de Vivienda, por lo que se vuelve a aplicar el índice pactado, generalmente el IPC. La evolución del IPC muestra incrementos del 3% en enero y febrero de 2025, del 2,2% al 2,7% entre marzo y agosto, y del 3,1% en octubre.

La subida del alquiler se calcula multiplicando el precio actual por el porcentaje del IPC y sumando el resultado. Por ejemplo, para un contrato que se actualiza con el IPC de septiembre de 2025 (3,1%), un inquilino que pagaba 1.200 euros pasará a abonar 1.237,20 euros al mes. El dato del IPC utilizado debe ser el publicado dos meses antes de la revisión, ya que el INE publica los valores definitivos el día 15 de cada mes y el arrendador debe avisar al inquilino con al menos un mes de antelación.

Desde enero de 2025, los contratos firmados tras la entrada en vigor de la Ley de Vivienda (mayo de 2023) se actualizan según un nuevo índice creado por el INE, que toma como referencia el menor valor entre el IPC, la inflación subyacente y la variación media ajustada. Este índice ha sido también del 3,1% en octubre de 2025. En cambio, los contratos anteriores a esa ley continúan actualizándose según lo pactado entre las partes, normalmente mediante el IPC.