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La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, defendió en el Senado la necesidad de intervenir el mercado inmobiliario para garantizar el derecho a la vivienda y frenar la especulación, tras ser acusada por el PP de promover políticas "comunistas". Criticó que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, “llama a los extranjeros ricos para que compren Madrid entero”, y subrayó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 busca triplicar la inversión hasta 7.000 millones de euros. Rodríguez instó a las comunidades del PP a priorizar el interés general sobre el partidismo.

Desde las filas populares, la senadora Paloma Martín consideró que la intervención de precios es “lesiva y contraproducente”, ya que reduce la oferta y aumenta los precios, según economistas de la Comisión Europea. Acusó a Rodríguez de imponer un plan ideológico sin medidas contra la ocupación ilegal, lo que —según dijo— ha provocado un aumento de la inseguridad en los barrios más vulnerables. La ministra, por su parte, defendió que la protección del derecho a la vivienda debe ser permanente y que su propuesta incluye vivienda pública y asequible.

En paralelo, la Comisión de Vivienda del Congreso aprobó una iniciativa del PP —apoyada por Vox y rechazada por PSOE y Sumar— para obligar a la ministra a comparecer trimestralmente e informar sobre la aplicación de la Ley de Vivienda. La votación quedó empatada, pero fue aprobada mediante voto ponderado con el respaldo de 170 diputadosentre PP y Vox. Desde Sumar, su portavoz Verónica Martínez Barbero sugirió a Rodríguez que dimita si no está dispuesta a asumir medidas valientes para frenar la escalada de precios.

Por otro lado, en el Pleno del Congreso, el PSOE propuso repoblar la “España vaciada” fomentando el teletrabajo, destacando que el 80 % de los habitantes de zonas rurales ya tiene acceso a redes 5G. Sin embargo, partidos como ERC y Sumar calificaron la propuesta de insuficiente y exigieron recursos reales y financiación directa para los municipios. El PP criticó la falta de avances en la prometida ley del teletrabajo en zonas rurales, acusando al Gobierno de haber desperdiciado cuatro años sin resultados concretos.