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Las principales asociaciones inmobiliarias de España se han reunido en el II Foro Nacional de Home Staging y Marketing Inmobiliario, donde han exigido al sector público y a la clase política medidas urgentes para frenar la crisis habitacional. FADEI, FAI, AMPSI y FIABCI han coincidido en que es imprescindible reducir la fiscalidad, agilizar los trámites urbanísticos, reforzar la seguridad jurídica y alcanzar pactos entre administraciones.

Uno de los principales reclamos ha sido la bajada de impuestos tanto en la compra como en la construcción de viviendas. Miguel Ángel Gómez Huecas (FADEI y AMADEI) ha señalado que “habría que reducir las cargas fiscales” para facilitar el acceso a la vivienda. En la misma línea, Ana Luengo (AMPSI) calificó la carga fiscal de “sangrante”, criticando que los 56.000 millones de euros recaudados en 2024 por vivienda no se destinen a aumentar la oferta.

José María Alfaro (FAI) denunció que los impuestos pueden representar hasta el 40% del precio de una vivienda y llamó a coordinar los tres niveles de la Administración. “No puede ser que tantas familias estén sufriendo por la inoperancia política”, subrayó. Luengo, por su parte, pidió un pacto de Estado “vital” y acusó al Gobierno de una “intervención excesiva” que impide trabajar con libertad al sector.

Otro punto crítico fue la lentitud de los procesos urbanísticos. Felice Tufano (FIABCI Europa) advirtió que los largos plazos burocráticos dificultan sacar nuevo suelo al mercado, a pesar de que “en España sobra suelo, pero el proceso es muy lento”, como recalcó también Luengo. Además, Alfaro insistió en reforzar la seguridad jurídica, reclamando soluciones ante los impagos en alquileres que pueden tardar hasta dos años en resolverse.

Respecto al estado actual del mercado, los expertos niegan una burbuja inmobiliaria tradicional, pero advierten de un claro sobrecalentamiento de precios en zonas como Madrid, Málaga o las islas. Tufano alertó de una “burbuja de acceso a la vivienda”, causada por una producción insuficiente —de entre el 40% y el 60% de la demanda actual— que amenaza con dejar fuera del mercado a jóvenes y clase media.