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Comprar una vivienda y descubrir que está ocupada ilegalmente es una de las principales preocupaciones de los propietarios en España. Ante esta situación, el nuevo dueño es quien debe iniciar los trámites para recuperar la posesión, salvo que el vendedor haya ocultado deliberadamente la existencia de okupas, lo que permitiría reclamar la nulidad del contrato, una indemnización o incluso denunciar por estafa.

La vía más habitual para desalojar a los ocupantes es el procedimiento civil de desahucio, regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil. Su modalidad rápida, conocida como desahucio exprés, permite expulsar tanto a inquilinos con contratos caducados —los llamados “inquiokupas”— como a personas que nunca tuvieron permiso para residir en el inmueble. Cuando no existe título habilitante, el juez debe ordenar el desalojo de forma inmediata, aunque la vulnerabilidad social de los ocupantes puede retrasar el proceso.

Otra opción es presentar una denuncia por usurpación, contemplada en el artículo 245 del Código Penal. Sin embargo, esta vía penal suele ser más lenta y compleja, con penas que oscilan entre la multa y los dos años de prisión según exista o no violencia. En cualquier caso, los expertos recomiendan intentar primero un acuerdo amistoso con los ocupantes para evitar procesos largos y costosos.

Aun así, adquirir una vivienda okupada es legal y puede resultar rentable si se estudia la operación con antelación.Exige investigar el estado del inmueble, las circunstancias de la ocupación y asumir que no podrá obtenerse hipoteca, ya que la propiedad no se puede tasar. También es común negociar directamente con los ocupantes una compensación económica para que abandonen la vivienda, lo que puede agilizar la recuperación de la posesión.

Los principales atractivos de comprar una casa okupada son su fuerte descuento —hasta un 50-60 % por debajo del valor de mercado— y la posibilidad de obtener una buena rentabilidad tras rehabilitarla. No obstante, los riesgos incluyen no poder acceder a la vivienda durante meses, posibles desperfectos causados por los ocupantes y dificultades para financiar la operación. Una vez desocupada, se recomienda amueblarla rápidamente para evitar nuevas okupaciones.