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Cada vez valoramos más y hemos ido ganando conciencia de cómo incide en nuestra vida la calidad de los espacios que habitamos, de nuestras viviendas, del espacio público, de nuestras ciudades y de nuestro entorno. Ciertamente, la mejora del bienestar, la salud e incluso la felicidad de las personas se encuentra relacionada con la calidad de la arquitectura.

El cambio climático, el derecho de todos a una vivienda digna, la conservación de nuestro patrimonio y nuestros signos identitarios, la protección de nuestro entorno, son enormes desafíos a los que nos enfrentamos en la actualidad y precisan de una respuesta planteada bajo criterios de calidad, que constituyen la mejor garantía de éxito ante un reto que requiere una acción coordinada por parte de todos.

El 28 de enero de 2022 se aprobó el inicio del trámite parlamentario del proyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura, destacando el proceso de participación pública desarrollado en diciembre del 2020, en el que los Colegios de Arquitectos, coordinados por el Consejo Superior, desempeñaron una labor importante con sus aportaciones.

El contenido de la ley pone en valor la importancia de una arquitectura de calidad mediante un marco jurídico que garantice su puesta en práctica a través de mecanismos que permitan hacer realidad la consideración del interés general de la arquitectura, algo que venía siendo reclamado desde hace tiempo por los agentes del sector y la sociedad en su conjunto.

Nuestras viviendas deben ser capaces de dar respuesta a nuestro proyecto de vida y satisfacer nuestras necesidades, cambiantes, de cada momento: la funcionalidad y flexibilidad de los espacios, la necesaria iluminación y ventilación, la accesibilidad o unas adecuadas condiciones técnicas en cuanto a aislamientos térmicos o acústicos. Que nuestros pueblos y ciudades dispongan de servicios básicos cercanos, evitando desplazamientos innecesarios; que los espacios públicos inviten a pasear y que sean amables, accesibles y seguros incide de manera directa en nuestra salud y nuestro bienestar.

En la última década, el marco establecido por la Agenda 2030 de Naciones Unidas para un desarrollo sostenible plantea un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad con la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia o la consecución del necesario equilibrio social, económico y medioambiental y sitúa a la arquitectura y al urbanismo como elementos clave y necesarios para la consecución de esos objetivos.

La íntima relación del bienestar de nuestra sociedad y de la calidad de vida de todas las personas con la calidad del diseño y de la construcción o rehabilitación de los espacios públicos y privados que habitamos se ha hecho aún más patente, si cabe, como consecuencia de la experiencia vivida con el confinamiento derivado de la pandemia del covid.

En este sentido, la futura ley convierte un valor aparentemente intangible como es la calidad de la arquitectura y del entorno edificado en una política pública al servicio de la ciudadanía, tal y como lo han hecho ya algunas comunidades autónomas que han aprobado legislaciones específicas, como son Extremadura y Cataluña, o las están impulsando Galicia o Andalucía.

Para valorar y proteger es necesario conocer y apreciar. Por ello, el anteproyecto de Ley de Calidad de la Arquitectura plantea el deber de las Administraciones Públicas de preservarla, difundirla y fomentarla en el “conjunto de la sociedad desde edades tempranas”, intensificando los esfuerzos para mejorar el conocimiento de la arquitectura y del diseño urbanístico, de su fomento y de una mayor sensibilización y formación de los agentes implicados y de la ciudadanía respecto a la cultura arquitectónica urbana y paisajística, fomentando así la sensibilidad de todos en el cuidado de nuestro entorno y su protección para las generaciones futuras.

Para alcanzar estos fines, la futura norma incluye dos nuevos órganos: la Casa de la Arquitectura y el Consejo de Calidad de la Arquitectura.

Debemos resaltar y poner en valor el papel que la Arquitectura tiene en ámbitos tan diversos como la ingeniería, la economía, el urbanismo, el medio ambiente, el diseño y el arte. La propia exposición de motivos de la futura ley resalta: “Apostar por la calidad arquitectónica, tanto en el entorno urbano como rural, supone reconocer, en primer término, la dimensión cultural, como prestación intelectual, artística y profesional, de una disciplina que incide transversalmente en múltiples aspectos de la sostenibilidad”.

Para ello, es necesario generar unas condiciones de trabajo adecuadas para los profesionales del sector, que deben sentir el reconocimiento de la sociedad hacia una labor enormemente comprometida con ella y con el bien común.

Hay que destacar el necesario papel ejemplarizante de las Administraciones Públicas, especialmente en una contratación pública responsable alineada con estos objetivos, cuestión que queda reflejada en el articulado y alguna de las disposiciones finales del anteproyecto.

Los retos urgentes que teníamos antes de la pandemia, la necesaria renovación de nuestro parque edificado, las mejoras en la accesibilidad y la renovación de nuestras ciudades para paliar los ya aparentes efectos del cambio climático a través de la implantación de la Agenda Urbana Española, tienen ahora con los fondos Next Generation una oportunidad única para su impulso en el Componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y, dentro de él, la futura Ley de Calidad de la Arquitectura está incluida como una norma necesaria para contribuir a consolidar el nuevo modelo de transición hacia una sociedad más sostenible y justa.

Desde el CSCAE, agradecemos y valoramos el trabajo realizado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y, en particular, por la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura para la tramitación de esta ley.

Dado que recoge cuestiones de indiscutible valor para todos en la línea de iniciativas europeas como la Declaración de Davos en 2018 o la New European Bauhaus que promueven la defensa del patrimonio cultural, el vínculo entre las personas o la calidad de nuestro entorno, estamos seguros de que el texto contará con un amplio apoyo parlamentario.

La futura ley situará a nuestro país en una posición de liderazgo a nivel mundial, ya que define y resalta públicamente el interés general de la arquitectura “por su contribución a la creación de la identidad cultural, a la calidad de vida, al bienestar, cohesión e inclusión social y a la salud”.