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El Pleno del Congreso rechazó este jueves admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que planteaba reformar la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas y fondos de inversión compren casas en España. La iniciativa fue tumbada con la abstención del PSOE y el PNV. A favor votaron ERC, Bildu, Podemos, BNG y la diputada de Compromís, mientras que PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria se posicionaron en contra.

Sumar defendió la medida alegando que la compraventa de viviendas por parte de estos actores duplica las cifras del momento álgido de la burbuja inmobiliaria de 2008. El diputado Alberto Ibáñez, impulsor de la propuesta, la defendió en tribuna pese a mostrarse crítico con la ministra Rodríguez por medidas como la puesta en marcha del teléfono 047. Desde el PSOE, Gabriel Blanco aseguró que están abiertos a debatir soluciones a la crisis de vivienda, pero defendió el trabajo del Ministerio y pidió a Sumar que no contribuya a desgastarlo.

Entre los grupos parlamentarios, el PNV —en palabras de Maribel Vaquero— argumentó su abstención señalando que la propuesta no constituía una limitación excepcional ni acotada en el tiempo o territorio, calificándola de medida ilimitada difícil de encajar en el ordenamiento jurídico. Junts, por su parte, afirmó a través de Marta Madrenas que la iniciativa no resolvería problemas reales y que, por el contrario, reduciría la oferta, pondría en riesgo promociones en curso y distorsionaría aún más el mercado.

Desde la oposición, el PP —mediante el diputado Carlos Gil— criticó que la reforma empeoraría una Ley de Vivienda que ya considera “nociva”, calificando de “disparate” prohibir la compra de viviendas por personas jurídicas. Vox, a través de Carlos Hernández Quero, advirtió que la propuesta supondría “el fin” del parque inmobiliario al expulsar la inversión privada, y sostuvo que la única reforma razonable de la Ley de Vivienda sería su supresión.