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Cada vez son más los casos de inquilinos que presentan documentación falsa para acceder a una vivienda en alquiler. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), una de las prácticas más comunes es la falsificación de nóminas, donde los falsificadores alteran las cifras finales sin modificar los datos de cotización o retenciones. Los profesionales contrastan estos documentos con la declaración de la renta, mucho más difícil de manipular, y consultan registros como ASNEF o ficheros de morosos del alquiler para verificar la solvencia real del candidato.

También es frecuente la falsificación de contratos laborales. Los expertos recomiendan pedir una copia certificada del contrato y comprobar la vida laboral del solicitante a través del “Servicio de Verificación” de la Seguridad Social, introduciendo el código CEA y la fecha de emisión. Este tipo de controles previene fraudes y evita que los propietarios caigan en manos de inquilinos morosos o ‘inquiokupas’, un fenómeno en auge en el mercado del alquiler.

Zurdo destaca que la prevención es la mejor defensa: contratar un seguro de impago, consultar ficheros de morosos, analizar exhaustivamente la solvencia de los candidatos y delegar la gestión en profesionales. Además, recomienda desconfiar de quienes ofrecen varios meses por adelantado o no aportan referencias de antiguos caseros, y siempre poner los suministros a nombre del inquilino para evitar impagos.

La falsificación de documentación es un delito tipificado en el artículo 395 del Código Penal y puede suponer penas de prisión de seis meses a dos años. Si se descubre que un inquilino ha entregado documentación falsa, el contrato de alquiler puede ser declarado nulo y el propietario tiene derecho a denunciarlo.