Esquerra Republicana (ERC) ha decidido llevar al Pleno del Congreso del 11 de noviembre una proposición de ley para crear un impuesto a los propietarios de tres o más viviendas, en plena tensión con el PSOE por la crisis de vivienda y tras la ruptura con Junts. La iniciativa busca poner a prueba la posición de los socialistas en un contexto de fuertes discrepancias con sus socios parlamentarios, especialmente Sumar, que incluso llegó a pedir la dimisión de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por su gestión.
La propuesta de ERC contempla un impuesto progresivo sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, que comenzaría a aplicarse a partir de la tercera vivienda. Este tributo tendría una escala del 4%, 8% y 12% entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente, y a partir del quinto inmueble se añadiría un 5% adicional por cada nueva propiedad. El objetivo, según ERC, es penalizar la concentración especulativa de vivienda y fomentar tanto la propiedad de una única residencia como el alquiler habitual y social.
Además, el partido propone eliminar los beneficios fiscales de las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (Socimi), a las que acusa de operar con un régimen “prácticamente exento” de impuestos y de contribuir a la financiarización de la vivienda. En materia de IVA, ERC plantea aplicar un 21% de forma inmediata a las viviendas de uso turístico, coincidiendo con una medida similar del PSOE, con el fin de que estos alojamientos tributen de acuerdo con el valor real de los servicios que ofrecen.
Finalmente, ERC propone aumentar el tipo mínimo del IBI para viviendas que no sean residencia habitual y estén en manos de grandes tenedores, dando margen a los ayuntamientos para penalizar el alquiler turístico y favorecer un uso residencial y sostenible. Su portavoz de Vivienda, Etna Estrems, ha defendido que estas medidas buscan corregir décadas de políticas que han priorizado el mercado privado y los intereses de los grandes propietarios. En palabras de Estrems, “la vivienda no puede seguir siendo tratada como una mercancía, sino como un derecho”.